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A mediados de noviembre se sabrá sobre pérdida de investidura contra diputados de Vichada 

Puerto Carreño, 26 oct 18.- Durante la Audiencia de alegatos de conclusión en la demanda de pérdida de investidura contra 10 de los 11 Diputados de Vichada, la Procuraduría solicitó que se nieguen las pretensiones.

El Delegado del Ministerio Público, Víctor Januario Hoyos Castro, en su concepto expuso que no debe prosperar la demanda porque no se hizo un análisis integral del impacto fiscal que ocasionó la exención del cobro de la estampilla pro-adulto mayor.

En el evento de que los asambleístas hayan procedido de manera irregular, no se configura la pérdida de investidura por ser disposición de naturaleza disciplinaria.

De manera subjetiva no se encuentra que haya una mala intención ni tampoco se observa que se dé una conducta susceptible de penalizar.

En algunos apartes del sustento para modificar la Ordenanza 019 del 30 de noviembre de 2016, los Diputados argumentaron que había dificultades para conseguir un contratista que asumiera la responsabilidad del Plan de Alimentación Escolar, P.A.E.

Para la Procuraduría no existe un análisis de culpabilidad o pruebas directas o indirectas que supongan algún interés en específico o una actitud sospechosa y caprichosa de los Diputados.

Esos son algunos de los principales argumentos del Ministerio Público para solicitar que se niegue la pérdida de investidura en el fallo que ha de proferir la Sala Plena del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta a mediados de noviembre próximo, tras cumplirse ayer jueves 25 de octubre la audiencia de alegatos de conclusión.

De otra parte, al intervenir los demás sujetos procesales, el abogado, Carlos Andrés Ormaechea Barrero, en calidad de representante del demandante, Gerardo Royero Guerrero, reiteró la solicitud al Tribunal que declare la pérdida de investidura de los Diputados: Andrés Fernando Aguirre Osuma, William Azabache Araca, Andrés Fernando Duque Cárdenas.

Aleida Forero Fernández, Sirelda López Hernández, Luís Alejandro Gaitán, Fredy Naranjo Gaitán, Libardo Rincón Gaitán, Eder Yesid Ríos Cudemus y José Aureliano Rodríguez Catimay.

Considera que los Asambleístas desbordaron sus competencias legales y constitucionales al modificar la ordenanza suspendiendo el cobro de la Estampilla pro-adulto mayor y Centros Vida de la tercera edad, para que la Gobernación de Vichada contratara en 2017 el Plan de Alimentación Escolar, P.A.E.

Luego de haberse otorgado el contrato a quien lo está ejecutando, la ordenanza volvió a cobrar vigencia en 2018 y actualmente el Departamento cobra la Estampilla pro-adulto mayor.

Agrega el abogado, que se suprimió el cobro por iniciativa del ejecutivo seccional que se le ocurrió que, de esa manera rendiría el presupuesto para ampliar las raciones alimenticias a más niños y niñas en todo el Vichada.

Insiste en que los Diputados omitieron la responsabilidad en exigir a la administración, mediante qué figura sustituirían los dineros dejados de percibir únicamente por el año en que se dejó de cobrar ese gravamen.

Aseveró que, con la actuación de la Asamblea, el único favorecido fue el contratista que mejoró su patrimonio al quedar exonerado del pago de la Estampilla y calificó de ilógico ya que con el tributo lo que se busca es incrementar los ingresos y no que disminuyan para el Departamento.

En consecuencia, e independiente si acata o no el concepto de la Procuraduría, el magistrado sustanciador, Carlos Enrique Ardila Obando, será quien presente el proyecto de fallo que luego será discutido por los demás magistrados integrantes de Sala Plena y se produzca la sentencia que en Derecho corresponda.

Los magistrados quienes actúan en la presente diligencia son: Héctor Enrique Rey Moreno, Teresa de Jesús Herrera Andrade, Claudia Patricia Alonso Pérez, Nelcy Vargas Tovar y Carlos Enrique Ardila, éste último ponente y actual presidente del Tribunal del Meta.

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