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Campesinos del Guaviare se oponen a dejar sus tierras en la región del Guayabero

Primer encuentro de comunidades campesinas por la defensa de tierras y territorio, se cumplió durante el fin de semana en la población de Puerto Cachicamo, municipio de San José del Guaviare.

Como conclusiones del evento, mediante comunicado se expresa que se oponen rotundamente a las pretensiones de las autoridades ambientales e instituciones y como alternativa proponen se llegue a la concertación y el diálogo para agilizar la construcción de la política pública al interior de los parques naturales y zonas protegidas.

Lea aquí el comunicado:

DECLARACIÓN POLÍTICA

Primer encuentro de comunidades campesinas

“Por la defensa de nuestras tierras y el territorio”

Las comunidades campesinas y población en general habitantes de Guaviare y sur del Meta, reunidos en el Primer (I) Encuentro de Comunidades Campesinas Por la Defensa de la Tierra y el Territorio, durante los días 17 y 18 del mes de noviembre de 2018, hemos concluido con lo siguiente:

Partimos de recordarle al Estado y a los gobiernos de turno, que ancestralmente vivimos al interior del país, donde teníamos nuestras formas de vida que nos servían de sustento nuestro y el de nuestras familias, pero que, debido a las políticas públicas en favor de los terratenientes latifundistas con la anuencia de los poderes estatales decretaron la violencia en Colombia con la cual, sembraron el terror, masacraron a parte de nuestros ancestros, nos despojaron de las mejores tierras y los que pudimos sobrevivir nos refugiamos: unos engrosando los cinturones de miseria en las grandes ciudades y otros, nos adentramos a lo profundo de las selvas colombianas y a los cortes de colonización.

Recordarle al Estado y al gobierno de turno que a través de las instituciones de ese entonces como el INCORA, se organizaron diferentes frentes de colonización. En estos frentes de colonización en esta región se dieron en la década de los años sesenta (60). Uno de ellos se conoce como El Parque Tinigua en la región de la ESPELDA, hoy, ubicada dentro del municipio de Uribe departamento del Meta; el otro frente de colonización en El Municipio de El Retorno. Guaviare; el otro frente de colonización se ubica en La Macarena Meta. Con lo anterior podemos determinar que, los habitantes de esta región del Guayabero se encuentran entrelasado en estos frentes de colonización dirigidas por los gobiernos de turno en sus momentos.

Con la política de su momento del INCORA induce a los colonos a la deforestación, ya que se les exigía que derribaran montaña para que se sembrara pasto para como mínimo sostener el pastoreo de 50 reses y poder acceder a créditos.

Fue el Estado que creó e indujo la cultura de colonización, reclutando campesinos sin tierra del sur-occidente y centro de Colombia. Otros Llegamos a estos cortes de colonización, desplazados del interior del país en forma individual e improvisada pero debido también a la violencia política.

En su momento ninguna entidad nacional se acercó a colonos a notificarnos que no podían consolidar los asentamientos por motivos de protección ambiental, cultural de riesgo geológico o de reserva biológica. Al contrario, siempre tuvimos presencia social e institucional estatal; permitió y sigue permitiendo nuestra formalización en las Juntas de Acción Comunal al reconocernos como personas jurídicas, lo que equivale a reconocer la legitimidad de los asentamientos humanos; la otrora Caja Agraria y hoy El Banco AGRARIO ha otorgado créditos a altos intereses a algunos finqueros colonos; han reconocido nuestro asentamiento a través de la aplicación de las encuestas del SISBEN; nos han reconocido los establecimientos educativos al nombrarnos los docentes y el mejoramiento de la infraestructura, han impulsado programas de transporte escolar y en materia de control sanitario para la tenencia del ganado vacuno, ya que los tenedores de ganados estamos inscritos en el ICA.

Pero, además, sin importar que estos territorios han venido siendo ocupados e intervenidos por los colonos campesinos, han diseñado e impuesto toda una política con leyes, sentencias, decretos, resoluciones y demás, conformando y ampliando toda una cantidad de territorio para determinarlos como áreas protegidas y Parques Naturales Nacionales, sin consultar con los colonos campesinos y población en general quienes habitan allí y que, han venido desarrollando actividades productivas para el sustento de las familias.

El Estado, solo en los últimos tiempos, se le ha ocurrido sin brindarnos alternativas reales y con garantías, que tenemos que abandonar la permanencia en estos territorios forzosamente, lo cual genera una gran crisis humanitaria como la que sufrimos antes de llegar a esta región.

Lo anterior, muestra que, no somos nosotros los culpables de estar viviendo en estos territorios desde hace más de 50 años haciendo patria.

Por todo lo anterior es que:

Nos oponemos a la pretensión de las autoridades ambientales e instituciones, a que seamos expulsados del territorio de manera violenta a través de las leyes, sentencias, decretos y resoluciones que solo buscan la confrontación con las comunidades campesinas.

Como alternativa proponemos se busque la concertación y el dialogo, la construcción urgente y de manera inmediata sin dilaciones y prolongación de tiempos, la construcción de la política pública al interior de los parques y de las áreas protegidas, como lo hemos propuesto reiteradamente.

Exigimos a PNN la continuidad de la Mesa Nacional de Concertación entre las organizaciones campesinas y PNN, para ello la instalación de la Mesa Regional, que debe hacerse en el inmediato.

En la reanudación de la Mesa Nacional de concertación y la Mesa Regional se deben definir tiempos concretos en los que se lleguen a consensos para construir esa política pública y que permita el desarrollo de actividades productivas y mita conservar la cultura campesina al interior de las áreas protegidas e intervenidas.

Rechazamos la Sentencia 4360 de la Corte Suprema de Justicia, por inconsulta e ilegítima, que criminaliza al campesinado que vive en áreas protegidas, desconociendo el abandono histórico al que ha sido sometido y la ausencia de alternativas económicas.

Rechazamos de igual manera la forma como viene actuando las instituciones y autoridades ambientales so pretexto de dar cumplimiento a la aplicación de dicha sentencia, que viola los derechos de los campesinos. Así como las medidas represivas y el trato militar que se le viene dando a una problemática social ambiental, que requiere de diálogo y concertación con las comunidades para ser solucionado.

Rechazamos también la determinación reciente de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de su, “estrategia investigativa contra la deforestación en la cuenca amazónica”, al darle un tratamiento judicial a las intervenciones de los campesinos en las áreas protegidas so pretexto de cumplimiento de dicha sentencia.

Para ello exigimos al Estado en su conjunto, que los planes o el plan de acción que se construya en torno a frenar la deforestación, debe adelantarse en concertación con las comunidades y sus organizaciones sociales que habitamos al interior de dichas áreas.

Rechazamos la pretensión del Estado en desalojarnos del territorio a los campesinos de donde por tradición y décadas hemos labrado la tierra con el propósito de producir y obtener lo necesario para sobrevivir y abastecer en parte la alimentación de los Colombia y que, sabemos se los van a entregar a las trasnacionales para la construcción del gigantesco oleoducto que atraviesa las planicies de los departamentos del Guaviare y Meta al igual que a las cordilleras para llegar al Pacífico Colombiano, a través del proyecto TAPIR. E igualmente con fines de extracción de hidrocarburos y la minera.

Rechazamos los asesinatos que se vienen presentando en la región y pedimos a las autoridades correspondientes adelanten las respectivas investigaciones para que se determinen sus autores.

Rechazamos los señalamientos y estigmatizaciones, por parte del Ejercito Nacional, a la protesta social que hemos adelantado las comunidades de la Vereda Puerto Cachicamo y su centro poblado, para visibilizar y exigir que se nos respeten los derechos que tenemos como ciudadanos.

Rechazamos la presencia de grupos armados, legales e ilegales, dentro del territorio. En vista de la amenaza que para la vida de los habitantes de la región supone la presencia de cualquier actor armado en la región, las comunidades le apostamos a construir un territorio de paz con justicia social, libre de armas y de confrontaciones bélicas.

No consideramos necesaria y por el contrario rechazamos la construcción de bases militares del Ejército Nacional en los alrededores de los centros poblados de la región como la que tienen proyectada construir en Puerto Cachicamo, pues esto intensificaría el conflicto armado en la región y coloca a la población civil en medio del fuego cruzado entre los grupos amados en confrontación.

Rechazamos la judicialización de campesinos y líderes sociales de la región, en base a cargos como “concierto para delinquir”, “terrorismo” y homicidio.

Las comunidades manifestamos nuestro rechazo a estas acusaciones por considerar que se trata de montajes judiciales o “falsos positivos” y solo buscan intimidar y desestabilizar a las comunidades. Señalamos que las personas detenidas hasta ahora, las reconocemos como personas de bien y líderes activos de la región y que no se les conoce vínculo alguno con grupos al margen de la ley.

Apoyamos y respaldamos la acción encaminada a construir una Mesa defensorial entre los entes de control como: Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el acompañamiento de las Naciones Unidas que se viene adelantando por parte de las comunidades de La Macarena Meta.

Rechazamos la estigmatización que viene adelantando La Fuerza Pública, frente a las acciones de resistencia que adelantan las comunidades campesinas para evitar que se les acabe con los plantíos de coca, que tienen como medio de subsistencia.

Estas acciones de resistencia, las adelantan los campesinos ante la ausencia de políticas del Estado que les permitan establecer formas distintas de producción y comercialización para su subsistencia.

Denunciamos la presencia de grupos armadas en la región, quienes en algunos momentos se ven vestidos de negro y en otras ocasiones vestidos de militares, encapuchados y con brazaletes. Estos se han visto en la vereda la Catalina, donde actualmente hace presencia la Fuerza Publica

La comunidad ha estado tratando de abordarlos para saber quiénes son, pero en ningún momento permiten que se les acerquen alejándose rápidamente e introduciéndose en la montaña. Esta actitud hace que la comunidad se encuentra en estado de zozobra, ante la posibilidad de la presencia un grupo paramilitar en esta zona.

Solicitamos la intervención de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y demás instituciones competentes, para que nos acompañen haciendo el debido seguimiento de lo denunciado. Igualmente, solicitamos a los entes y autoridades competentes del orden nacional e internacional, investigar y establecer las sanciones y correctivos correspondientes a los responsables de los hechos antes mencionados.

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