judicialMetanoticiasrecientesregionales

Contraloría adelanta 2 procesos de responsabilidad fiscal por más de $21 mil millones contra el exgobernador del Meta, Alan Jara

Uno de los procesos, recientemente abierto en el mes de febrero de 2018, está relacionado con los giros efectuados por la Gobernación a favor de la Empresa de Petróleos del Llano – Llanopetrol, para los estudios de la refinería del Meta.

Sólo en dicho proceso se evidenció un presunto detrimento patrimonial superior a los $9 mil 513 millones de pesos. El exmandatario fue llamado a responder por el deficiente manejo e inversión de los recursos de regalías transferidos al frustrado proyecto.

En otro proceso, iniciado por la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, el ex Gobernador ha sido llamado a responder por más de $12 mil 293 millones.
En este caso, con recursos de la comunidad se pagó por la construcción de un sistema de saneamiento que no pudo entrar en funcionamiento.

La Contraloría General de la República adelanta actualmente 2 procesos de responsabilidad fiscal contra el exgobernador del departamento del Meta, Alan Jara Urzola, en los que el ex mandatario ha sido llamado a responder por más de $21 mil 513 millones de pesos, ejecutados durante su administración.

Uno de los procesos, recientemente abierto en el mes de febrero del año en curso, por más de $9 mil 220 millones, hace referencia a los contratos suscritos por la Gobernación del Meta con la Empresa de Petróleos del Llano – Llanopetrol, para la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento del Meta.

En este caso, no se ha establecido el beneficio de los recursos girados por la Gobernación, situación agravada por el hecho de que Llanopetrol era una empresa apenas en proceso de constitución en ese momento.

Además de Jara Urzola, quien en su condición de Gobernador era miembro de la Junta Directiva de Llanopetrol, por este proceso fueron llamados a responder otros miembros de la misma, a saber:

Luz Stella Casasfranco Vanegas, en su calidad de Secretaria Jurídica del Departamento para el periodo de la administración de Jara Urzola; así como Hernando Martínez Aguilera, entonces Director de Planeación del Departamento; y Jairo Iván Frías Carreño, Secretario de Hacienda del Departamento, los tres en condición de integrantes de la Junta Directiva de Llanopetrol y vinculados a los referidos cargos del orden departamental en el Meta, en el periodo 2012 a 2015.

Igualmente fue vinculado al proceso el entonces Gerente de Llanopetrol, Ricardo Rodríguez Henao.

Gobernación dio concepto favorable al proyecto, a pesar de sus inconsistencias

La Contraloría pudo establecer que el proyecto de inversión presentado por el Gerente de la empresa, y avalado por su Junta Directiva, “no siguió los procedimientos del Ciclo de Proyectos ni completó las fases y etapas previas”.

Así mismo, el proyecto se presentó sin los estudios mínimos requeridos para un proyecto de tal importancia, como serían: estudio de mercado (demanda, oferta y déficit), estudio legal, estudio técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y tamaño), estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero.

Por lo anterior, no existía una cadena de valor que permitiera evaluar la refinería, ni se establecieron indicadores que permitieran conocer si era la mejor alternativa posible.

El proyecto, denominado “Elaboración de estudios y diseños a nivel de pre-factibilidad para la refinería del departamento del Meta”, fue radicado el 11 de mayo de 2012 por parte del Gerente de Llanopetrol, ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental – BPPID de la Gobernación del Meta,

Es de aclarar, que para la fecha de radicación del mencionado proyecto, la Empresa de Petróleos del Llano – Llanopetrol, no estaba legalmente constituida, toda vez que no existía acto administrativo que estipulara su creación y, consecuentemente, la existencia de un gerente. Este hecho se confirma con la expedición del decreto de creación 00185, cuya fecha de promulgación fue el 31 de mayo de 2012, es decir 20 días después de la radicación del proyecto, por lo que el mismo carecía de toda validez jurídica.

A pesar de lo anterior, la Gobernación expidió un concepto favorable de viabilidad técnica, económica y financiera, sin pronunciarse de manera alguna sobre las inconsistencias evidenciadas en el proyecto, y le giró a Llanopetrol recursos por más de $18 mil millones, de los cuales $9 mil 220 millones eran provenientes del Sistema de Regalías y nunca se materializaron en beneficios para la población del departamento.

Según lo manifestó el equipo de la Contraloría, “Del análisis de los antecedentes, de los soportes del proyecto y su correspondiente ficha metodológica; conjuntamente con la verificación de la contratación suscrita por Llanopetrol, se evidencia que el proyecto de Refinería del Meta no es el resultado de un análisis deductivo de alternativas para mejorar el crecimiento industrial del Meta, que sería el problema a solucionar y se ajustaría más a un proceso de tipo inductivo, en el cual se desea hacer la refinería (…)”.

Con relación a la cuantía del proceso ($9.220 millones), se determinó que la suma “Corresponde a los giros que efectuó la Gobernación del Departamento del Meta a Llanopetrol correspondientes a regalías del régimen anterior y margen de comercialización, sin que hasta la fecha se haya materializado un fin material de los recursos públicos para la población metense.”

Jara debe responder por obras inservibles

Otro de los procesos contra el exgobernador del Meta Alan Jara Urzola, iniciado en abril del año pasado, se relaciona con los recursos ejecutados por su administración con ocasión del convenio suscrito para la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, mediante la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Los recursos del convenio fueron aportados por la Gobernación del Meta y por Ecopetrol, y se ejecutaron a través de la Empresa de Servicios Públicos del Meta, EDESA S.A. – E.S.P.

La Contraloría pudo establecer, que las obras no fueron terminadas en un 100% según lo previsto en los contratos, pero sí se pagó la totalidad del precio acordado.

La obra, en su momento, no contaba con el permiso del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, así como tampoco con la planta de tratamiento de aguas residuales.

En este proceso, la Contraloría estimó la existencia de un daño patrimonial en cuantía superior a los $12 mil 293 millones de pesos, por la inversión ineficiente de los recursos, donde las obras ejecutadas no prestaron un servicio real a la comunidad.

Así lo dispuso la decisión de la Contraloría, donde se señaló que “EDESA S.A. E.S.P. recibió recursos por la suma de $12.261.694.908 (…) para la ejecución del Contrato de Obra 531/2011 el cual contemplaba como objeto contractual la‘Construcción Alcantarillado Pluvial, Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la vereda Alto Pompeya. Municipio de Villavicencio’”.

Sin embargo,“solamente se entregaron redes de alcantarillado pluvial y sanitario parciales respecto a la comunidad que debía beneficiar y sin prestación de servicio alguno, por cuanto no existe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”.

Además del exgobernador Jara Urzola, fueron llamados a responder los exgerentes de la Empresa de Servicios Públicos del Meta – EDESA S.A. – E.S.P., José Edgar Patarroyo Vargas y Carlos Enrique Vaca Rodríguez, así como el también exgobernador Darío Vásquez Sánchez.

Igualmente se encuentran involucrados al proceso Héctor Andrés Castro Rey y Marilu Pulido Ramírez, en su calidad de gerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAVV E.S.P.; el contratista del proyecto Fernando Alonso Rojas Rincón y las empresas Consultores Ingenieros y Arquitectos COINAR LTDA. e INGECOL S.A., representadas legalmente por Diego Jesús Niño Galvis y Cristian Gómez Mejía, respectivamente, junto con los funcionarios administradores y gestores del convenio.

Cerrar
A %d blogueros les gusta esto: