La medida será pedida por la Fiscalía Seccional de la Unidad de delitos contra la Administración Pública, de repetirse la inasistencia el próximo 27 de febrero a las 9:00 am, de 9 personas citadas a audiencia para imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, por las irregularidades detectadas en un convenio celebrado entre la Administración Seccional y la Corporación Red País Rural, en 2013.

Los citados a la diligencia son contratistas y ex funcionarios de la Gobernación del Meta, durante la administración de Alan Edmundo Jara Urzola.

A la audiencia que estaba prevista para hoy, 6 de febrero a las 8:15 am, ante el Juzgado 2° Penal Ambulante Municipal, con función de control de garantías, asistieron 6 citados, 2 de ellos sin abogado y los otros 3, adujeron no haber conocido a tiempo la fecha de la diligencia.

Los hechos por los cuales la Fiscalía adelanta la investigación se concentran en el convenio firmado por las partes, con el objetivo de fortalecer el montaje de procesos agroindustriales en el departamento del Meta para los sistemas productivos de café, lácteos, cacao, frutales, caña panelera y banco de maquinaria, por un valor total de $5 411 766 000, el cual debía cumplirse en el término de 24 meses y 15 días; no obstante este no se cumplió y si se hizo un desembolso inicial de 405 millones de pesos.La Fiscalía informó que los citados serán imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.

Los presentes a la diligencia fueron Vladimir Sierra Martinez, actual secretario Jurídico de la Gobernación del Meta, quien para la fecha era el jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales de la Administración Seccional; Hernando Martínez Aguilera, secretario de Planeación del Gobierno Seccional y hoy secretario de Víctimas, Derechos Humanos y Paz de la Gobernación del Meta; Daniel Santiago Salazar Uribe, ex secretario de Desarrollo Agroeconómico, y Francy Nayibe Umaña Ruiz, exgerente de tesorería de la Gobernación del Meta.

También John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio y gerente de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agroeconómico de la Gobernación, y Carlos Emilio Romero Gómez, ex asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta, quienes no llevaban abogado.

Los indiciados que no se presentaron son: Fredy Vargas Ramírez, contratista y representante legal de la Corporación Red País Rural; Carlos Humberto Osorio Monroy, quien para la fecha era secretario privado de la Administración Seccional; y Luz Estela Casasfranco Vanegas, ex secretaria Jurídica del Meta, hoy asesora de la Unidad Nacional de Víctimas.

De no presentarse a la audiencia fijada, la Fiscalía solicitará al Juzgado les sea asignado defensor de oficio a los citados, para realizar la diligencia programada estén o no presentes.