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Formulación de acusación y principio de oportunidad en caso de corrupción que vincula a exfuncionarios de la Gobernación de Meta

Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Meta acusó formalmente a tres personas por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato por $1.379’184.000, suscrito por la Gobernación de Meta en 2013, para dotar de equipos especializados marpho – rap a las autoridades.

Los acusados son: el exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, general en retiro Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza; la contratista Angélica Solangi Chávez León, y su exesposo, Juan Miguel Álvarez Martín.

Asimismo, la Fiscalía logró que un juez avalara el principio de oportunidad pactado con la defensa del gerente de una corporación bancaria, Raúl Alberto Gasca, otro de los procesados en este caso e investigado por el delito de falsedad en documento privado.

En el curso del proceso la Fiscalía ha demostrado que el contrato fue adjudicado a la firma Tecnología Informática Oriental Tio Ltda., a sabiendas que el objeto no se podría cumplir porque los equipos eran obsoletos y conseguirlos era imposible.

Adicionalmente, se constató que esta limitación era conocida y se habría pasado por alto porque el contrato finalmente se firmó y fue pagado un anticipo de 50%, es decir, $689’000.000 del valor total que ascendía a $1.379’184.000. Estos dineros nunca fueron reembolsados.

Respecto al exgerente de la entidad bancaria, la Fiscalía encontró una posible falsedad relacionada con un certificado de capacidad de endeudamiento que entregó a Tecnología Informática Oriental Tio Ltda., para que la Gobernación de Meta le asignara el contrato como único proponente.

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