Con pronóstico reservado por el poco tiempo que tiene para ser aprobada, la reforma constitucional que establece la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños vuelve al ruedo en el Congreso.

La Comisión Primera de la Cámara abordará mañana esta iniciativa en su quinto de ocho debates. Si decide aprobarla, sería nada menos que un salvavidas a esta propuesta.

Por tratarse de una reforma constitucional, esta norma requiere superar ocho debates en el Legislativo, cuatro de los cuales fueron superados el semestre pasado y los otros cuatro restantes deben ser darse antes el próximo 20 de junio, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso.

Actualmente la cadena perpetua en el país está prohibida para cualquier delito. Lo que se busca es que haya una excepción para los asesinos y violadores de menores para que puedan recibir esta pena.

El texto indica que esta condena será «revisable» a 25 años. Esto quiere decir que el condenado cuando cumpla 25 años en prisión, podrá pedir que se revise la pena impuesta.

Esta revisión, según lo explicó el senador Miguel Ángel Pinto, uno de los ponentes del proyecto en el Senado, no significa que el preso por violación o asesinato de menores pueda salir libre, sino que “se revisa la posibilidad de cambiar la pena de cadena perpetua a una condena de las que ya se contemplan en el país”.

Según un informe del INPEC enviado al Congreso, en los próximos cinco años, por pena cumplida, saldrían libres 2.775 personas que habían sido condenadas por violencia sexual a menores.

De acuerdo con el documento, por estos delitos, este año pueden salir libres 139 condenados; en 2021, 368; en 2022, 617; en 2023, 777, y en 2024, otros 874.

“Tenemos el tiempo exacto y debemos aprovecharlo de forma eficiente. A la gente no le preocupa si el Congreso funciona de manera virtual o presencial, sino que funcione, que se apruebe esta iniciativa. Las lágrimas y el dolor no pueden seguir siendo la única respuesta para el abuso sexual de menores, se debe actuar”, manifestó el congresista César Lorduy, ponente del proyecto.

Uno de los argumentos de quienes se oponen a esta iniciativa es que, más que aumentar las penas, se debe combatir la impunidad en casos de violencia sexual que supera el 90 por ciento.

De las 3.348 denuncias que recibió la Fiscalía a febrero de este año, solo se habían logrado esclarecer (iniciar algún tipo de acción judicial como una captura, imputación de cargos o juicio) el 4,77 por ciento, es decir, 75 casos.

A esto se suma el hecho de que las cárceles no dan abasto. Actualmente hay un total de 121.670 personas privadas de la libertad que se hallan en las 134 cárceles del país, que solo tienen cupo para 80.763. Es decir, el hacinamiento asciende al 50 por ciento.

Esta es la primera vez que la cadena perpetua para violadores pasa de su cuarto debate. Pero desde 2007, el Congreso de la República ha hundido normas que tienen este propósito en 11 oportunidades ¿esta vez será la vencida?

 

El Tiempo.

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