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La mujer, identificada como Edy Fonseca, contó que los miembros del consejo de un edificio residencial del barrio Rosales, en el norte de Bogotá, la convencieron de que el lugar estaba en sus manos y no podía abandonar su puesto por la orden de aislamiento del presidente.

Con la aparente connivencia de algunos residentes, ella estuvo a cargo de la portería del lugar desde el 25 de marzo, cuando la llamaron del lugar donde llevaba un año laborando para cubrir a un compañero.

Lo que denominó como un “secuestro”, comenzó fue el 17 de marzo, y antes de comenzar su calvario le dijeron incluso que llevara un colchón inflable, pero que, al no tenerlo, tuvo que llevar solo un cubrelecho.

En algún momento, un vecino le bajó un sofá a la recepción, pero el diario indica que esa no era la única de sus precariedades, pues solo podía gastar 5.000 pesos por cada comida del día, tenía solo un baño sin suministro de agua y con solo un balde para asearse. Además, detalla que ese lugar había tenido que ser fumigado poco antes por la presencia de ratas.

Cuando ella dijo que necesitaba volver a su casa pues tenía una hija que dependía de ella, le negaron la salida. Lo mismo pasó cuando murió un sobrino, por lo que, además de comenzar a enfermarse, padeció de depresión: “Caí en depresión, me estresé, se me subió el azúcar. Yo les dije que estaba enferma, pero no hicieron nada. Una residente que es médico un día me vio mal, entonces me compró un suero y unas pastas. Eso me ayudó como por dos días, pero volví a enfermarme”, contó.

Se levantó con media cara paralizada, sin coordinar sus palabras y al borde de un coma diabético, según establecieron los paramédicos de la ambulancia que llegó a atenderla tras el llamado de uno de los residentes. Sin embargo, y para colmo del abuso, cuando iba a ser llevada de urgencia a un centro médico, el presidente del consejo la habría despedido diciéndole que “los había metido en un problema”, expresó.

El abogado de la esclavizada celadora, Nixon Forero, dijo a la emisora que su defendida estaba contratada directamente por los administradores del lugar que ya habría tenido problemas similares, por lo que “se presentará una queja ante Miniterio del Trabajo y la Superintendencia de Vigilancia por quebrantamiento de la normatividad”.

“No alcanzó a ser homicidio, pero sí fueron lesiones personales porque ellos dieron pie a todo eso y también hubo una coacción psicológica”, añadió el apoderado. Además, adelantó que sus acciones estarán orientadas a demostrar que hubo lesiones personales y constreñimiento ilegal, agregando que incluso estuvieron “muy cerca del secuestro”.

El 23 de abril terminó el suplicio para esta mujer.

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