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NIEGAN MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO INVOCANDO LA SUSPENSIÓN DE DOS NUMERALES E IGUAL NÚMERO DE ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA 900 DE 2016 QUE PONE LÍMITE A LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta admitió una demanda de Acción de Nulidad promovida por la Gobernación mediante apoderado judicial, contra dos numerales de igual número de artículos de la Ordenanza No. 900 de 2016.

Mediante la citada ordenanza, la Asamblea departamental puso tope a la Gobernadora Marcela Amaya García, para contratos de obra pública y convenios interadministrativos, cuyo monto supere los 8 mil salarios mínimos legales vigentes mensuales, es decir, $6 mil 249 millones 936 mil pesos.

Al superar los límites, la mandataria debe solicitar autorización a los Diputados para poder suscribirlos, por lo que la administración seccional ha considerado que viola la normatividad que prohíbe la reproducción de los actos suspendidos.

Por lo anterior, la demanda de Acción de Nulidad fue radicada con solicitud de suspensión de dicha ordenanza, como medida cautelar mientras se surte todo el trámite procesal hasta dictar sentencia.

Con ponencia del magistrado, Héctor Enrique Rey Moreno, la solicitud fue rechazada por la Corporación contenciosa tras considerase que no constituye un aspecto que pueda estudiarse en la presente etapa procesal ya que no se ha encontrado un atentado flagrante contra la forma de contratar y que la Asamblea ha actuado dentro de las facultades propias que le otorga la Constitución Política para realizar el debido control político a la contratación.

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