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El alza de 11% en los peajes de la vía Villavicencio a Bogotá no es consecuente con la situación económica del departamento del Meta, expresó la Veeduría Ciudadana Vial del Meta, por eso le pedirán al Gobierno Nacional que cualquier incremento se haga bajo compromisos de terminación de obras, y garantía de movilidad segura para los viajeros.

El viernes la veeduría recibió a los voceros de la Concesión Vial Andina (Coviandina), quienes le contaron a los veedores las razones del incremento, sustentando la decisión en que estaba acumulado desde hace 3 años el aumento en los peajes.

Giovanni Angulo Gómez, presidente de la Veeduría Vial del Meta, explicó que en 2018 tendría que haberse aumentado 2%, pero no se hizo por la caída del puente Chirajara. Luego en 2019 tendría que haberse sumado 3%, sólo que nuevamente el alza se suspendió debido a los constantes derrumbes en el kilómetro 58.

A los anteriores valores se sumaron 3% para este 2020, más el incremento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El total es 11% de aumento en los 3 peajes ubicados en 86 kilómetros de la carretera a la capital del país.

Angulo Gómez reiteró su desacuerdo con el alza, porque no fue consultada a las comunidades, además la situación económica de los metenses no es la más óptima, así hayan dado paso permanente por la vía hace 2 meses.

Este lunes el presidente de la veeduría con otros integrantes del grupo ciudadano, tendrán reunión con el equipo directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el fin de recordar los pactos de trabajo que se hicieron en diciembre con la ministra de Transporte, donde primaría la toma de las decisiones con participación ciudadana, así como cualquier situación tendría que haberse comunicado de forma asertiva y efectiva.

Según el presidente de la veeduría los incrementos en los peajes deberían darse teniendo en cuenta el estado de las obras, porque el usuario no siente que valga la pena pagarlos, cuando hay varios puentes y túneles sin usar.

Las obras no están terminadas, por ejemplo en el tramo 2, eso es detrimento patrimonial, y el usuario no las ha podido usar. Debemos buscar las soluciones atadas al compromiso de celeridad en obras, y como lo prometieron, el usuario pueda viajar en 90 minutos”.

Giovanni Angulo, de la Veeduría Vial del Meta, hace el llamado a los congresistas para trabajar en bloque, así mismo se quiere escuchar al gobernador del Meta, porque él desde hace varias semanas conocía de las alzas, pero las aceptó bajo compromisos que no son conocidos por la ciudadanía.

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