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El rey emérito Juan Carlos I, investigado por la justicia suiza y española por corrupción, se «trasladará» fuera de España, para contribuir a facilitar el ejercicio de las funciones de su hijo, el rey Felipe VI, que ha acogido con «agradecimiento» su decisión.

“Majestad, querido Felipe, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada (…) te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España”, escribió el soberano emérito en una carta difundida por la Casa Real.

A seis años de abdicar en junio de 2014 a favor de su hijo y acosado por los escándalos, la permanencia del rey emérito en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de los monarcas españoles, era insostenible.

La justicia, tanto en Suiza como en España, investiga el origen de 100 millones de dólares que habría recibido secretamente de Arabia Saudita en una cuenta en Suiza en 2008.

El Tribunal Supremo español anunció en junio la apertura de la investigación para determinar su eventual responsabilidad en una causa iniciada en 2018, cuando en unas grabaciones atribuidas a su examante Corinna Larsen ésta aseguraba que Juan Carlos habría cobrado una comisión por la concesión de un contrato para la construcción de la vía férrea de alta velocidad entre La Meca y Medina, en pleno desierto, en Arabia Saudita.

No obstante, solo puede ser investigado desde el momento de su abdicación, porque hasta entonces gozó de inmunidad como jefe de Estado.

“Agradecimiento”

En el comunicado enviado este lunes la Casa Real asegura que Felipe VI “desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que esta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.

Pero le transmitió a su padre “su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”, según el comunicado de la Casa Real.

Cada vez eran más las voces que exigían poner un cordón sanitario para no dañar la institución monárquica.

“Es una decisión buena, sabia, sensata, con la idea de reducir los problemas al rey actual Felipe V”, dice el ingeniero madrileño Ramiro Peñataro, de 52 años.

Opinión similar tiene la informática madrileña Liliana Meek, de 50 años, para no “poner en riesgo a toda la institución”.

La prensa se ha hecho eco de las investigaciones de la fiscalía de Ginebra y las declaraciones de un abogado suizo, Dante Canonica, quien dijo haberse encargado de “crear una estructura” para ocultar los fondos enviados a Juan Carlos.

Hasta el propio gobierno de Pedro Sánchez cambió de tono a principios de julio, luego de pasar de puntillas durante meses mientras se acumulaban las informaciones sobre la persona que ocupó el trono español casi 39 años y que se encargó de conducir la transición de la dictadura de Franco a la democracia.

“Estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también”, dijo entonces Sánchez.

Según otras informaciones, la alemana Corinna Larsen habría declarado a la fiscalía de Ginebra que Juan Carlos le transfirió unos 65 millones de euros “por gratitud y amor” y no para ocultarlos.

La imagen personal de Juan Carlos de Borbón quedó muy tocada por esas revelaciones, a las que se suman otros escándalos previos a su abdicación, como cuando se rompió una cadera en una cacería en Botsuana en 2012 durante un safari de lujo pagado por un empresario saudita, en el que estaba acompañado por Larsen, en plena crisis económica en España.

A ello se sumó un escándalo de corrupción que llevó a su yerno Iñaki Urdangarin a la cárcel.

Con su reputación dañada, Juan Carlos cedió la corona a su hijo en 2014, antes de retirarse de la vida pública en 2019.

Pero en los últimos años aumentaron las sospechas sobre su fortuna opaca, derivadas de sus lazos con las monarquías del Golfo.

Ante nuevas revelaciones este año, que incluso lo señalaban también como beneficiario de la fundación panameña que en Suiza recibió el dinero saudita, Felipe VI buscó marcar distancia de su predecesor y anunció en marzo que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró su asignación anual de unos 200.000 euros (219.000 dólares).

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