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URT rechaza desinformación generada por la Fundación Forjando Futuros, frente al trabajo de restitución de tierras

Desde 2012 la fundación ha desinformado frente a los resultados de la política de restitución, desconociendo el trabajo juicioso de miles de líderes sociales, comunidades, policías y soldados que hacen su mayor esfuerzo por devolver las tierras a las víctimas del conflicto.

Como entidad responsable de las cifras oficiales de la restitución de tierras informamos a la opinión pública que, el día de hoy, la fundación Forjando Futuros dio a conocer cifras que carecen de un análisis honesto y que faltan a la verdad.

Por lo anterior y cumpliendo con la obligación que el Estado le otorgó a la entidad, informamos que gracias al trabajo de la restitución han sido identificadas 1’012.000 hectáreas de tierra con problema, es decir, tierras en las que un actor armado obligó al dueño a abandonarlo o lo despojó. De esta cifra, 300.000 hectáreas ya fueron devueltas a sus legítimos dueños; más de 500.000 se encuentran listas para fallo; y 200.000 están a punto de llegar a los despachos judiciales.

La directora (e) de la Unidad de Restitución de Tierras, Alcelis Coneo Barboza, entregó las cifras oficiales. “A la fecha, hemos recibido 114 mil solicitudes, de las cuales, hemos logrado avance sobre 86.536, es decir el 76%, gracias al aval de seguridad emitido por el Ministerio de Defensa. La restitución es una realidad; hemos beneficiado a cerca de 39.000 víctimas de la violencia”.

Gracias a la restitución de tierras fueron judicializados los principales despojadores del país. Delincuentes como alias Tuto Castro, Sor Teresa Castaño, Codazzi, Alvarado Bracamonte, Guido Vargas, y Benito Molina, conocido como El Mexicano están tras las rejas.

Casos emblemáticos dan cuenta de la efectividad del proceso de Restitución de Tierras en el país, entre ellos los predios despojados por el Clan Castaño, como el de la hacienda Las Tangas, fortín del paramilitarismo en Córdoba; o las tierras obligadas a abandonar por las FARC a los campesinos en el sur del Tolima, San Vicente del Caguán (Caquetá), la Macarena y la Uribe (Meta).

De los fallos emitidos 12 corresponden a comunidades ancestrales de territorios étnicos, dando cumplimiento a cerca de 11.760 órdenes judiciales en procura de la reparación integral contemplada en la Ley, la cual incluye aspectos como la priorización de vivienda y el Programa de Proyectos Productivos. Además, para la atención a los segundos ocupantes y terceros intervinientes, ha sido realizada una asignación de recursos que asciende a $18.975 millones.

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